12/09/2018

Lanús libera la instalación de antenas para celulares

Costó sólo una reunión con un representante del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom.) para que el Concejo Deliberante de Lanús active (y con celeridad) el proyecto para liberar la instalación de antenas de telefonía celular.

Ayer, sin mayores discusiones, se aprobó en sesión ordinaria. A diferencia del debate caluroso que este tema generaba años atrás, hubo apenas dos intervenciones que tocaron, superficialmente la cuestión de fondo. Con la nueva iniciativa el Ejectuvo comunal tiene la potestad de ceder terrenos del estado para la instalación de torres, sin la necesidad de pedir autorización al Legislativo.

Luego de dos meses de dormir en la Comisión de Gobierno, ediles del oficialismo y la oposición fueron invitados por el Ejecutivo Comunal a una reunión, el pasado lunes, con representantes del Enacom, quienes vinieron a defender la iniciativa.
(El Termómetro Web)

El proyecto de ordenanza es una modelo standar ofrecido por el Ente nacional con la intención de activar la propagación de antenas de 4G por el país. Mismo modelo fue aprobado semanas atrás en La Plata y previamente en Bahía Blanca, Neuquén, Córdoba cpaital, Parana y San Salvador de Jujuy. La explicación del organismo es que “tienen que hacer cumplir a las empresas con la licitación que ganaron”, pero en lugar de obligarlas facilita su base de negocios.

Sorpresivamente, y sin discusión en comisión, luego de esa reunión (y a pesar de la negativa que mostraría en el recinto Unidad Ciudadana) el proyecto tomó estado parlamentario. No hubo consulta vecinal y, llamativamente, la oposición no exigió que la norma pasara por la Comisión de Salud, tema central de discusión en la materia, que tiene a un legislador peronista al frente.

Ya en el recinto, el debate fue lavado, con apenas dos exposiciones. En defensa de la ordenanza habló la concejal Laura Lavandeira, quien negó la posibilidad que las nuevas instalaciones produzcan radiaciones capaces de generar enfermedades. En contra habló el presidente del bloque UC-PJ, Héctor Montero, que, casi al pasar, puntualizó: “todo lo que estamos votando no tiene sentido por el artículo 17 que establece que la reglamentación quedará en manos del Ejecutivo”.

El texto tratado ayer es similar al decreto establecido por Mauricio Macri, parado en la justicia por un amparo judicial. La propuesta presenta muy exiguos pedidos de control sobre la ubicación, que deja en manos del Enacom. El denominado “principio precautorio”, demandado habitualmente por ONGs, ambientalistas y organizaciones vinculadas a la salud, está ausente en la ordenanza.

En el artículo cuatro, el proyecto crea un nuevo estamento que estará encargado del control y habilitación de las antenas: Registro Municipal de Obras Civiles de Estructuras Soportes de Antenas (Re.Mu.OC.ESA), en el cual se deberá declarar “con carácter de declaración jurada” toda obra que resulte necesaria para el normal funcionamiento de las estructuras. En el artículo cinco establece que las obras ya existentes deberán presentarse entre los 90 y 360 corridos luego de la creación del nuevo espacio de control. El registro, tanto su reglamentación y conformación, quedará bajo el control del poder Ejecutivo.

Según el artículo sexto, la construcción de las antenas y soportes deberá cumplir con “parámetros arquitectónicos, infraestructurales, tecnológicos, paisajísticos, patrimoniales, morfológicos, urbanísticos y ambientales”, pero no se especifica cuáles son esos parámetros y vuelve a dejar en manos del Departamento ejecutivo la libertad de decidir qué antena está bien instalada y cuál no.

Llama la atención, que en un tema tan sensible, no se pongan en consideración parámetros de salubridad para la construcción de las estructuras. Aquí es donde la ordenanza choca con las normativas internacionales que busca imponer la Organización Mundial de la Salud para tales temas. En este mismo punto coincide con el decreto presidencial de 2016, hoy judicializado y paralizado por un Amparo.

Finalmente, en el artículo 17, el último, el proyecto otorga al poder Ejecutivo de Lanús “la potestad para autorizar el uso del espacio público y para la reglamentación de la vigentes ordenanza”. Así el Municipio podría ceder terrenos fiscales sin que tengan que pasar por una autorización previa del Concejo Deliberante, como es hasta ahora.

La votación fue 15 a 9, en favor de aprobar la iniciativa. Cambiemos tuvo el acompañamiento de los tres concejales del Frente Renovador y Unidad Ciudadana, a pesar de no haber hecho nada para modificar el texto de la ordenanza votó en contra.


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