20/11/2026

Oberá actualizó la regulación de antenas de telecomunicaciones

El Concejo Deliberante de Oberá aprobó, durante la 32° Sesión Ordinaria, la Ordenanza que establece un nuevo régimen integral para la localización, instalación, habilitación, registro, mantenimiento y desmantelamiento de estructuras de soporte de telecomunicaciones, antenas e instalaciones complementarias en el ejido municipal.

La normativa aprobada, reemplaza las Ordenanzas N° 033/2007 y N° 051/2007, con el objetivo de actualizar un marco regulatorio que había quedado desfasado frente a los avances tecnológicos y la expansión de los servicios de conectividad.

El proyecto fue trabajado durante casi un año en el ámbito de las comisiones del Concejo Deliberante, con la participación de profesionales especializados y representantes del sector, a fin de abordar los distintos aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos que comprende esta actividad.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, explicó que la iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada en octubre del año pasado por una empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones. A partir de allí, se desarrollaron reuniones y consultas con especialistas, entre ellos el ingeniero en Telecomunicaciones Juan Cruz Mirgone y Francisco Stevenson.

“Sabíamos que la ordenanza del año 2007 había quedado un poco obsoleta y por eso empezamos a trabajar en esto. Después de casi un año de debate y consultas, llegamos a una ordenanza integral, que abarca todos los aspectos y que va a perdurar en el tiempo”, señaló Ullón.

Entre los principales aspectos de la nueva regulación se encuentra la clasificación de las infraestructuras según sus características, contemplando desde grandes torres y antenas instaladas sobre edificios hasta pequeñas celdas, sistemas distribuidos y estructuras mimetizadas con el entorno urbano. Asimismo, establece procedimientos diferenciados y simplificados para aquellas instalaciones de menor impacto.

La ordenanza también crea el Registro Municipal de Infraestructura de Telecomunicaciones, que permitirá identificar y georreferenciar las instalaciones, conocer a sus titulares y operadores, y realizar un seguimiento de las habilitaciones, modificaciones e inspecciones.

En materia de control, establece que los responsables deberán garantizar el mantenimiento y la seguridad estructural de las instalaciones, actualizar la documentación correspondiente y comunicar cualquier modificación significativa. Además, contempla inspecciones municipales, medidas preventivas y un régimen de infracciones y sanciones económicas ante incumplimientos.

Otro de los puntos abordados es la integración urbana y paisajística, promoviendo la compartición de estructuras para evitar la proliferación innecesaria de torres y reducir el impacto visual.

Respecto de las competencias, Ullón aclaró que la Municipalidad tendrá intervención en el emplazamiento de las estructuras, las condiciones urbanísticas, la seguridad y las inspecciones, mientras que las cuestiones vinculadas al espectro radioeléctrico, las frecuencias y las radiaciones no ionizantes continúan bajo jurisdicción nacional.

Por su parte, el ingeniero en Telecomunicaciones Juan Cruz Mirgone, quien participó como asesor técnico en la elaboración del proyecto junto a los concejales, destacó la necesidad de incorporar los avances registrados en las últimas dos décadas.

“Desde 2007 hasta ahora surgieron nuevas tecnologías, como 3G, 4G y actualmente el 5G, además de proveedores de Internet que brindan servicios inalámbricos mediante antenas. Había varias cuestiones que quedaban excluidas de la normativa anterior y la idea fue actualizarnos y abarcar estos nuevos servicios y tecnologías”, explicó.

Mirgone también remarcó que uno de los objetivos centrales es dotar al Municipio de herramientas para controlar y regular las instalaciones que realizan las empresas privadas, garantizando que se desarrollen de manera adecuada y segura.

En cuanto a las estructuras que ya se encuentran instaladas, la nueva ordenanza establece un plazo de 180 días corridos desde su entrada en vigencia para que sus titulares soliciten la inscripción o actualización registral y, en los casos que corresponda, inicien los trámites de regularización municipal.

De esta manera, Oberá incorpora un marco normativo actualizado que busca acompañar el crecimiento de la conectividad y los servicios de telecomunicaciones, fortaleciendo las herramientas municipales de ordenamiento, control y fiscalización, con criterios de seguridad, planificación urbana y
adecuación a las nuevas tecnologías.

Por Redacción Economis


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